Seremi de Educación Claudia Trillo en programa Chile Lo Hacemos Todos: “El Gobierno entregará mejores herramientas y protocolos claros frente a actos de violencia en establecimientos educacionales a través del proyecto de ley Aula segura”

La Seremi de Gobierno Ingrid Schettino conversó en programa radial “Chile Lo Hacemos” con la Secretaria Regional Ministerial de Educación Claudia Trillo, acerca del contenido del proyecto de ley que ha enviado el ejecutivo denominado “Aula Segura”, el cual busca fortalecer las facultades de los directores de los establecimientos incorporando procedi-mientos más expedito de expulsión o cancelación de matrícula en aquellos casos de violencia grave.

En la oportunidad la autoridad regional de educación indicó que “a través de este proyecto el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera se hace cargo de un problema que, si bien es cierto, no tenemos en nuestra región, pero que si afecta a diversos establecimientos educacionales como lo es la violencia ejercida en ciertos contextos donde delincuentes y violentistas que pretenden causar un clima de terror”.

Agregó que “esta iniciativa conjuga con armonía el ejercicio de tres derechos en juego: el derecho a la seguridad de los docentes, el derecho de los acusados al debido proceso y el derecho del alumno a educarse”.

Afirmó además que “nuestro ordenamiento jurídico hoy no cuenta con las herramientas adecuadas para poner atajo a los hechos de violencia que se han producido últimamente. Por ejemplo, si un alumno porta una bomba molotov dentro de un liceo o colegio, o si éste agrede físicamente a un profesor o a un funcionario, puede permanecer dentro del establecimiento hasta por un mes mientras dura el procedimiento de expulsión del agresor”.

Detalló que el objetivo de este proyecto de ley es que en caso que se decida la expulsión o cancelación de matrícula en aquellos casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa, el director deberá comunicar por escrito la decisión de expulsión, junto con sus fundamentos, al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días.

Finalmente agregó que esta medida garantiza el derecho a la educación del alumno sancionado, ya que contempla un proceso de reubicación en otro establecimiento educacional. El Ministerio de Educación dispondrá, además, de un programa de apoyo psicosocial para el estudiante expulsado.